Arranca programa nacional de apoyo integral a mujeres víctimas
Inicia programa nacional de apoyo integral para mujeres en situación de violencia
Por Redacción
Este lunes, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, encabezó el arranque oficial del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, una iniciativa nacional coordinada con el Gobierno de México cuyo objetivo es ofrecer apoyo legal, psicológico y económico a mujeres que se encuentran en situación de violencia.
La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en la capital del estado, con la presencia de funcionarias federales y representantes de organizaciones civiles. En su intervención, González Saravia destacó que este programa marca un cambio de paradigma en la atención a víctimas de violencia de género, apostando por una red de apoyo interinstitucional que prioriza la restitución de derechos, la dignidad y la autonomía de las mujeres.
“Estamos comprometidas con un gobierno consciente, que transforma realidades con justicia, equidad y solidaridad. No se puede hablar de desarrollo si las mujeres siguen siendo violentadas en sus hogares, en las calles o en sus espacios de trabajo”, expresó la mandataria.
Red territorial de atención: nacen los Centros LIBRE
Como eje central del programa, se anunció la apertura de 16 Centros LIBRE (Lucha, Igualdad, Bienestar, Resiliencia y Empoderamiento) en puntos estratégicos del estado de Morelos. Estos centros serán espacios seguros donde las mujeres podrán recibir atención integral en un entorno de respeto, confidencialidad y acompañamiento profesional.
Cada centro contará con un equipo multidisciplinario compuesto por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género. Además, ofrecerán talleres de empoderamiento económico, orientación sobre rutas de denuncia, y canalización a refugios en caso de emergencia.
El objetivo de los Centros LIBRE es fomentar comunidades autónomas y solidarias, que no sólo atiendan las consecuencias de la violencia, sino que trabajen en su prevención y erradicación desde una perspectiva comunitaria y transformadora.
Violencia estructural: una deuda pendiente
En Morelos, al igual que en muchas otras entidades del país, las cifras de violencia de género siguen siendo alarmantes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2024 se registraron más de 3,000 casos de violencia familiar en el estado, sin contar los cientos de carpetas de investigación por delitos como feminicidio, abuso sexual o acoso.
El nuevo programa busca articular los esfuerzos institucionales existentes con una política pública transversal que no sólo atienda los casos cuando ya han estallado, sino que propicie condiciones de vida libres de violencia para las mujeres desde sus comunidades, con acceso efectivo a la justicia, la salud mental, el trabajo digno y la vivienda.
Colaboración federal y enfoque de derechos
Durante el evento de presentación, representantes del Gobierno de México señalaron que este plan piloto en Morelos forma parte de una estrategia nacional, que eventualmente se replicará en otras entidades federativas. El modelo contempla una fuerte inversión en formación de personal, infraestructura, y vinculación con organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.
Además, el programa cuenta con un enfoque interseccional, lo que significa que atenderá también las particularidades de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad o en situación de pobreza, quienes a menudo enfrentan múltiples formas de discriminación y violencia.
Un paso hacia la justicia social
Con esta iniciativa, el estado de Morelos se posiciona como pionero en la implementación de políticas de género con enfoque integral. La gobernadora González Saravia concluyó su mensaje reiterando que “el bienestar de las mujeres es la base del bienestar de toda la sociedad”.
El reto, ahora, será garantizar que la promesa de estos centros y del programa no quede sólo en el discurso. Para lograrlo, se requerirá voluntad política sostenida, recursos suficientes y la participación activa de la sociedad civil y las propias mujeres en su diseño y evaluación.
